- El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales.
- Se garantiza la protección de datos personales, acceso a contenidos adecuados y la información sobre el uso de tecnologías.
- Se prohíben las lootboxes para menores y se modifican las leyes sobre protección de datos y comunicación audiovisual.
- Se introducen nuevos delitos en el Código Penal y se promueven medidas en los ámbitos educativo, sanitario y sector público.
El pasado 4 de junio de 2024, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (el “Anteproyecto”). Esta iniciativa refleja la creciente preocupación por la seguridad de los menores en el entorno digital, un tema abordado ampliamente tanto a nivel europeo y nacional como a nivel sectorial.
Objetivo y derechos promovidos
El Anteproyecto busca garantizar los derechos de los menores en el entorno digital, incluyendo la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados. En concreto, reconoce el derecho de los menores a:
- Ser protegidos frente a contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo.
- Recibir información sobre el uso de tecnologías y los riesgos asociados.
- Acceder a la información, la libertad de expresión y ser escuchados.
- Tener acceso equitativo a dispositivos, conexión y formación en herramientas digitales.
Medidas implementadas
Para alcanzar estos objetivos, el Anteproyecto propone diversas medidas relacionadas con la protección de datos, la regulación de contenidos en línea y la tipificación de nuevos delitos. Estas medidas se enfocan en cuatro ámbitos principales: protección de consumidores y usuarios, educación, salud y sector público.
Protección de datos
Se modifica la Ley Orgánica 3/2018, elevando la edad mínima de 14 a 16 años para el uso de ciertos servicios y plataformas digitales. Los fabricantes de dispositivos deberán incluir información sobre medidas de protección de datos y riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad.
Regulación de contenido
Los fabricantes deberán proporcionar información accesible sobre los riesgos de contenidos perjudiciales y garantizar la funcionalidad de control parental gratuita en los dispositivos. Además, se prohíben las lootboxes para menores, estableciendo un sistema de verificación de edad para su acceso.
La Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual también se reforma, obligando a prestadores de servicios de comunicación audiovisual y de intercambio de video en plataformas a incluir enlaces a la autoridad de supervisión y verificar la efectividad de los sistemas de verificación de edad.
Tipificación de nuevos delitos
Se introducen cambios en el Código Penal, reconociendo delitos como las ultrafalsificaciones (deepfakes) y ampliando la pena de alejamiento a entornos digitales. También se agravan los delitos de grooming o ciberacoso cuando se utilicen identidades ficticias.
Se refuerzan las tipificaciones relacionadas con el material pornográfico, incluyendo la disponibilidad indiscriminada de dicho material a menores.
Ámbitos específicos
En protección de consumidores y usuarios, se destacan las obligaciones de los fabricantes de dispositivos y la regulación de lootboxes. En educación, se promoverá la capacitación en competencia digital, alfabetización mediática y formación en ciudadanía digital, privacidad y propiedad intelectual. Se regulará el uso de dispositivos móviles en centros educativos.
En salud, se implementarán acciones para la identificación precoz de problemas de conducta y enfermedades vinculadas al uso inadecuado de dispositivos digitales. En el sector público, se fomentará la colaboración público-privada, la corregulación y la estandarización para asegurar configuraciones seguras en lugares públicos.
Un pilar para la futura legislación
La aprobación del Anteproyecto no solo refuerza la protección de los derechos de los menores, sino que también establece obligaciones para las empresas tecnológicas. Promueve la seguridad y privacidad de los menores, así como la responsabilidad social y empresarial en la creación de entornos digitales seguros. Iniciativas como la colaboración público-privada y la Estrategia Nacional trianual sientan las bases para un desarrollo digital que prioriza la seguridad de los menores en los años por venir.
