- A un año de la obligatoriedad de los sistemas internos de información (SII), expertos señalan que el enfoque formalista y la falta de cultura de integridad en España limitan su efectividad.
- La implementación de estos sistemas, vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), enfrenta desafíos como la falta de recursos, planificación y compromiso en las administraciones públicas.
- Los SII deben ser vistos como herramientas preventivas para detectar problemas y fomentar la integridad, no como simples requisitos normativos.
- La cultura de integridad, clave en el sector privado, sigue siendo un objetivo pendiente en el ámbito público español.
Balance tras un año de los sistemas internos de información (SII)
El 13 de junio de 2023 marcó el inicio de la obligatoriedad de implementar sistemas internos de información (SII) en las entidades públicas para fomentar la integridad y la transparencia, especialmente en la gestión de fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, municipios de menos de 10.000 habitantes tuvieron un plazo ampliado hasta diciembre de ese año. A casi un año desde esa última fecha, el debate sobre la efectividad de estas medidas sigue abierto.
En la última edición del Club de los Miércoles, organizado por Aranzadi LA LEY, se discutieron los problemas y limitaciones en la implementación de los SII. Elena Hernáez Salguero, consejera del Tribunal de Cuentas, e Ignacio Sáez Hidalgo, letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, participaron como ponentes en un evento moderado por Concepción Obispo Triana, editora en Derecho Público de Aranzadi.
Cumplimiento formalista y falta de medios
Elena Hernáez destacó que gran parte de las administraciones han adoptado un enfoque meramente formalista en la implementación de medidas antifraude, lo que compromete su eficacia. En muchos casos, las entidades no han evaluado adecuadamente sus propios riesgos, lo que refleja una falta de participación activa en el diseño de los planes de integridad.
Además, Hernáez señaló que las dificultades técnicas, derivadas de la falta de recursos, son un obstáculo recurrente. Subrayó que los órganos como el Tribunal de Cuentas actúan como «fiscalizadores de fondos», en línea con las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pide controles robustos sobre los fondos comunitarios para garantizar su correcta gestión.
Una cultura de integridad aún incipiente
Ignacio Sáez apuntó a un problema estructural en España: la falta de cultura de integridad en el sector público. Mientras que en las empresas privadas los sistemas de integridad son esenciales para evitar riesgos reputacionales, en el ámbito público predomina la idea de que «lo público no es de nadie». Esto, unido a una falta de compromiso en los niveles más altos de la administración y a la ausencia de planificación a largo plazo, resulta en un enfoque reactivo, donde las medidas se implementan solo por exigencias normativas.
Sáez defendió que los canales de denuncia y los SII no deben ser vistos como amenazas, sino como herramientas preventivas que ayudan a detectar problemas antes de que se conviertan en escándalos. “Debemos desterrar los miedos; los canales de denuncia no son bombas de relojería, sino sistemas que permiten adelantarse a los problemas”, afirmó.
Un enfoque más allá del cumplimiento normativo
Ambos ponentes coincidieron en que la implementación de los SII no debe considerarse un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una mayor integridad y transparencia. Esto requiere un cambio de mentalidad que coloque a las personas en el centro del sistema, fomentando su participación activa en la detección y resolución de irregularidades.
Un largo camino por recorrer
Aunque se están dando pasos hacia la implementación de sistemas internos de información, el proceso avanza de forma lenta y con carencias significativas. El cumplimiento normativo es solo el punto de partida; alcanzar una cultura de integridad robusta y sostenible en las administraciones públicas españolas sigue siendo un objetivo pendiente que exige compromiso, recursos y planificación estratégica.
