Desde el 22 de agosto de 2024, las empresas que deseen participar en licitaciones públicas deben tener su Plan de Igualdad inscrito en el Registro Laboral correspondiente (REGCON). Esta medida es una de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres. La inscripción en el REGCON es obligatoria para todas las empresas con 50 o más trabajadores que quieran participar en contrataciones públicas. Esta normativa refuerza el compromiso con la igualdad de género en el ámbito laboral y en los procesos de contratación pública. El pasado 2 de agosto se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, que establece medidas para asegurar una representación paritaria y una presencia equilibrada de hombres y mujeres en diversos ámbitos. Una de las modificaciones clave introducidas por esta norma afecta directamente a los procesos de contratación pública, particularmente en relación con los planes de igualdad de las empresas. Nueva exigencia para la contratación pública Hasta la entrada en vigor de esta ley, las empresas con 50 o más trabajadores estaban obligadas a contar con un Plan de Igualdad para poder participar en licitaciones públicas. Sin embargo, con la nueva normativa, se añade un requisito adicional: los planes de igualdad deben estar inscritos en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON), según el ámbito territorial que corresponda. Este requisito se ha vuelto obligatorio a partir del 22 de agosto de 2024. Esto significa que, para poder concursar en procesos de contratación pública, no solo es necesario que las empresas tengan un Plan de Igualdad, sino que también deben haberlo registrado formalmente en el REGCON. Implicaciones para las empresas La inscripción del Plan de Igualdad en el REGCON garantiza que las empresas cumplan con las normativas de igualdad de género, fortaleciendo su compromiso en este ámbito y asegurando que estén en condiciones de participar en contratos públicos. Esta medida refuerza el marco legal que promueve la equidad de género en el entorno laboral, asegurando que las políticas de igualdad sean un criterio clave en la selección de contratistas por parte del sector público. Este cambio subraya la importancia de la igualdad de género en las políticas laborales y en los procesos de contratación, y obliga a las empresas a estar al día con sus obligaciones legales si desean seguir participando en el mercado de contratación pública.

Un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE destaca la necesidad de mejorar y coordinar los sistemas de protección infantil en Europa. Los sistemas de protección infantil varían entre los Estados Miembros, con desafíos comunes como la fragmentación de servicios y la falta de recursos. La descentralización en algunos países, como España, crea disparidades en la calidad del servicio a nivel regional. El estudio propone mejorar la cooperación entre Estados, prohibir el castigo corporal y reforzar los sistemas de apoyo, especialmente para niños migrantes. Un reciente estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) subraya la urgente necesidad de mejorar y coordinar los sistemas de protección infantil en la UE. Basado en datos actualizados de los 27 Estados Miembros, el informe analiza los avances y desafíos en la protección de los derechos de los niños y niñas, destacando la importancia de un enfoque basado en derechos, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Desafíos en la protección infantil en Europa El estudio enfatiza que, aunque todos los Estados Miembros cuentan con disposiciones legales para la protección infantil, existen grandes diferencias en la implementación y eficacia de estas normativas. Los sistemas de protección infantil varían considerablemente, influenciados por factores históricos, culturales y políticos. Un desafío común es la fragmentación de los servicios, lo que dificulta la coordinación y la asignación de recursos. Este problema es particularmente evidente en países como España, donde la descentralización permite adaptarse a necesidades locales, pero también genera disparidades en la calidad de los servicios entre regiones. Buenas prácticas y áreas de mejora Algunos países han implementado modelos exitosos, como el enfoque multidisciplinar y amigable para los niños del modelo Barnahus, utilizado en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Este modelo es un ejemplo de cómo un sistema coordinado y eficiente puede mejorar la protección infantil. Sin embargo, la situación de los niños migrantes, especialmente aquellos no acompañados, sigue siendo una gran preocupación. Países como Suecia, Países Bajos y Alemania han desarrollado buenas prácticas en este ámbito, mientras que otros, como Grecia, Hungría e Italia, son más restrictivos. Esto resalta la necesidad de políticas inclusivas y coordinadas a nivel europeo. Factores de riesgo y soluciones propuestas El informe identifica varios factores que aumentan la vulnerabilidad infantil, como la falta de apoyo sociofamiliar y económico, barreras de acceso a servicios sociales, educativos y de salud, y deficiencias en los sistemas de protección. La desinstitucionalización de los cuidados, promoviendo modelos de acogida familiar y cuidados comunitarios, es vista como un aspecto clave para mejorar la protección infantil en Europa. Para abordar estos desafíos, el estudio propone una serie de soluciones que incluyen mejorar la cooperación entre Estados Miembros, prohibir el castigo corporal, reforzar los servicios de apoyo, y desarrollar planes de acción rápida en situaciones de crisis. Además, en el ámbito digital, se destaca la necesidad de fomentar la alfabetización digital para proteger a los niños y niñas en línea. Este estudio pone de relieve la importancia de un enfoque coordinado y eficiente para garantizar la protección y bienestar de los niños en toda Europa, abogando por sistemas que sean inclusivos, bien coordinados y adecuadamente financiados.

En julio de 2024, Mozilla lanzó una nueva tecnología en su navegador Firefox, llamada Atribución para Preservar la Privacidad (PPA), destinada a rastrear la eficacia de la publicidad online sin comprometer la privacidad de los usuarios. Esta función, activada por defecto en la versión 128 de Firefox, ha generado controversia y debate, con algunos usuarios preocupados por la posible venta de datos personales por parte de Mozilla. Ante esta situación, el CTO de Firefox, Bobby Holley, acudió a Reddit para aclarar el funcionamiento y propósito de la PPA. El contexto: la evolución del seguimiento online El debate sobre la privacidad y la publicidad digital ha estado en el centro de la conversación tecnológica durante años. Desde 2019, Google, con su navegador Chrome, ha estado trabajando para eliminar las cookies de terceros, que han sido la columna vertebral del seguimiento online durante décadas. Google presentó «Temas de anuncios» como un reemplazo, mientras que Meta desarrolló su «Historial de enlaces» para continuar rastreando a los usuarios a través de su navegador integrado en las aplicaciones de Facebook. Estas iniciativas de Google y Meta, aunque presentadas como avances en privacidad, en realidad consolidan su control sobre los datos de los usuarios, dejando a los actores más pequeños de la industria publicitaria aún más dependientes de estos gigantes tecnológicos. Prio: la base de la tecnología PPA La PPA de Mozilla se basa en un sistema criptográfico llamado Prio, desarrollado por criptógrafos de la Universidad de Stanford en 2017. Prio permite la recopilación de estadísticas agregadas sin revelar datos individuales. En esencia, los datos de los usuarios se dividen y se distribuyen en varias «huchas» (recopiladores). Mientras al menos una de estas huchas mantenga su secreto, es imposible reconstruir la información personal de un usuario específico. Este sistema ya había sido utilizado por Mozilla en proyectos experimentales como Firefox Origin Telemetry y fue la base para el desarrollo de la Atribución Privada Interoperable (IPA) en colaboración con Meta. Cómo funciona la PPA La tecnología PPA implementada en Firefox permite que los sitios web soliciten al navegador información sobre si un usuario ha visto un anuncio y luego realizó una acción considerada útil, como una compra. Sin embargo, el navegador no revela al sitio web quiénes son los usuarios ni otros detalles de su comportamiento online. Los informes se acumulan en servidores de recopilación y se entregan en forma de resúmenes agregados, asegurando que la privacidad del usuario se mantenga intacta. La importancia de la PPA Mozilla introdujo la PPA con el objetivo de ofrecer una solución que permita a los anunciantes medir la eficacia de sus campañas sin necesidad de recopilar datos personales de los usuarios. La publicidad online es una realidad del ecosistema digital actual, pero las herramientas tradicionales para rastrear su impacto suelen ignorar la privacidad del usuario. La PPA pretende demostrar que es posible encontrar un equilibrio, proporcionando a los anunciantes la información que necesitan sin comprometer la privacidad. Reflexiones finales y recomendaciones La aparición de la PPA es un intento de Mozilla por redefinir el equilibrio entre la eficacia publicitaria y la privacidad del usuario. Aunque la tecnología está en fase experimental, su éxito podría ofrecer un nuevo estándar para la industria. Sin embargo, si los usuarios no se sienten cómodos con esta función, Mozilla ofrece la posibilidad de desactivarla en Firefox. Para aquellos preocupados por su privacidad online, es crucial estar informado sobre las herramientas y configuraciones disponibles en sus navegadores y dispositivos. Utilizar funciones de navegación privada y herramientas como el Privacy Checker de Kaspersky puede ayudar a mantener un mayor control sobre los datos personales en el entorno digital.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte sobre la falsa sensación de seguridad al usar WhatsApp para compartir información personal sensible. A pesar de funciones como «ver una vez», los usuarios pierden el control sobre el contenido enviado y dependen de la buena voluntad del receptor para proteger esos datos. La AEPD recuerda que los usuarios son responsables tanto de los datos que envían como de los que reciben, y advierte sobre los riesgos de compartir información sin consentimiento. Es esencial ser consciente de las posibles consecuencias legales y de seguridad al difundir datos personales o sensibles a través de WhatsApp. WhatsApp se ha consolidado como la principal herramienta de comunicación tanto en el ámbito personal como profesional para millones de usuarios. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado sobre los riesgos que conlleva el uso de esta aplicación para compartir datos personales sensibles. Riesgos de seguridad en WhatsApp Cada vez es más común que se utilice WhatsApp para enviar mensajes de texto, fotografías, e incluso documentos importantes como copias del DNI o informes médicos. Este uso generalizado ha llevado a la AEPD a advertir que, aunque no se trate de una red social, la mensajería instantánea también puede generar una falsa sensación de privacidad. «Al pulsar el botón de enviar, pierdes el control del contenido, y dependes de la buena voluntad del que lo recibe», señala la AEPD. Incluso las funcionalidades de WhatsApp diseñadas para mejorar la privacidad, como el modo «ver una vez», no garantizan una protección completa. El destinatario aún puede guardar una copia del contenido, lo que representa un riesgo considerable, especialmente cuando se trata de imágenes o vídeos de carácter íntimo. Responsabilidad en el uso de WhatsApp La protección de datos personales no solo aplica a lo que un usuario envía, sino también a lo que recibe. La AEPD subraya la importancia de no compartir contenido que involucre a terceros sin su consentimiento, ya que esto no solo puede causar daño a la persona afectada, sino que también podría constituir un delito. La Agencia insta a los usuarios a romper la cadena de difusión de contenidos sensibles y a tomar acciones como reprochar la conducta y, si es necesario, acudir a las autoridades. Conciencia y prevención En resumen, es vital que los usuarios de WhatsApp sean conscientes de los riesgos asociados con la difusión de datos personales a través de la plataforma. Proteger la privacidad y los datos personales requiere más que confiar en las funcionalidades de la aplicación; es esencial entender que una vez que se comparte información, se pierde el control sobre su destino.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha apercibido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no ocultar el número de DNI en un acta de pleno publicada en su web. Este caso es uno de los dos expedientes sancionadores abiertos en 2023 contra administraciones públicas canarias, junto con una sanción al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. La AEPD recibió 21.590 reclamaciones en 2023, un aumento del 43% respecto al año anterior, resolviendo 20.391 quejas, de las cuales el 8% derivaron en sanciones. En 2023, se emitieron 367 resoluciones sancionadoras, con las multas más elevadas relacionadas con brechas de datos personales y entidades financieras. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido un apercibimiento al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no haber ocultado el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de un ciudadano en un acta de pleno publicada en la web municipal. Esta infracción subraya los riesgos de la exposición indebida de datos personales, particularmente en documentos accesibles al público. Sanciones en administraciones públicas Este caso es uno de los dos expedientes sancionadores dirigidos contra administraciones públicas en Canarias, según se detalla en la memoria de 2023 de la AEPD. El otro caso afectó al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Además, en el mismo periodo, un hotel en Las Palmas de Gran Canaria fue sancionado con 20.000 euros por realizar una copia de un documento de identidad sin proporcionar la información requerida a su propietario, en un procedimiento iniciado por la agencia homóloga de Polonia. Aumento de reclamaciones y sanciones En 2023, la AEPD experimentó un aumento significativo en el número de reclamaciones recibidas, alcanzando un total de 21.590, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el año anterior. De estas reclamaciones, la agencia resolvió 20.391, con un 86% de los casos finalizados tras el traslado de la reclamación al responsable del tratamiento de datos. Un 8% de las resoluciones culminaron en procedimientos sancionadores. Principales áreas sancionadas En total, 367 resoluciones emitidas en 2023 incluyeron la imposición de multas. Las áreas más afectadas por estas sanciones fueron aquellas relacionadas con brechas de datos personales, entidades financieras y derechos de protección de datos, reflejando una mayor atención y escrutinio en estos sectores.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a comunidades de vecinos por infracciones de la normativa de protección de datos. Las infracciones incluyen la publicación de datos personales en espacios comunes y el uso incorrecto de cámaras de videovigilancia. Las comunidades de propietarios deben cumplir con el RGPD al manejar datos personales, aunque no necesitan inscribir ficheros ni nombrar un delegado de protección de datos. La exposición de vecinos morosos en el tablón de anuncios está permitida bajo ciertos requisitos establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal. En el ámbito de las comunidades de propietarios, el manejo de datos personales puede generar dudas sobre la correcta aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha intervenido en varias ocasiones para sancionar infracciones, lo que subraya la importancia de cumplir con la normativa en este contexto. Sanciones y ejemplos recientes La AEPD ha impuesto sanciones a varias comunidades de propietarios por el uso indebido de datos personales. Por ejemplo, en marzo de 2021, una comunidad de 215 propietarios fue multada con 15.000 euros por publicar en el ascensor actas de una reunión sin anonimizar, que incluían acuerdos sobre acciones judiciales contra vecinos. En octubre de 2023, otra sanción de 3.000 euros fue impuesta a una cooperativa por publicar en el ascensor una convocatoria de junta con detalles personales y deudas de los vecinos. Además, en mayo de 2024, una comunidad fue multada con 2.000 euros por compartir en un grupo de WhatsApp un recibo bancario con información personal sin autorización. Las cámaras de videovigilancia también han sido motivo de sanción, como ocurrió recientemente con una multa de 1.000 euros por instalar cámaras orientadas a la vía pública sin autorización. Preguntas frecuentes sobre la normativa ¿Se aplica la normativa de protección de datos a las comunidades de propietarios?Sí, siempre que se manejen datos personales de personas físicas, como nombres, apellidos, direcciones o correos electrónicos. ¿Es obligatorio inscribir los ficheros de la comunidad en la AEPD?No, con la aplicación del RGPD ya no es necesario inscribir ficheros en la AEPD. ¿Se debe realizar un análisis de riesgos o nombrar un delegado de protección de datos?No, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizar un análisis de riesgos ni a nombrar un delegado de protección de datos. ¿La normativa se aplica a los videoporteros?No, siempre que se trate de un uso personal o doméstico. Sin embargo, si las imágenes son grabadas y accesibles, sí se aplicará la normativa. Acceso a la información y cámaras de vigilancia ¿Puede un propietario acceder a los gastos de la comunidad?El acceso debe cumplir con el principio de proporcionalidad, asegurando que solo se accede a la información necesaria para la finalidad específica. En caso contrario, no se permitirá el acceso a documentos con datos personales sensibles. ¿Es legal exponer en el tablón de anuncios a los vecinos morosos?Sí, pero solo si se ha intentado notificar al propietario sin éxito, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Son legales las cámaras de vigilancia en las comunidades de propietarios?Las cámaras pueden instalarse en zonas comunes, pero deben evitar capturar imágenes de la vía pública. La instalación requiere el acuerdo de la Junta de Propietarios.

La Junta de Andalucía ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda. Este programa ofrece subvenciones para mejorar la eficiencia energética de edificios residenciales. Las obras financiadas pueden incluir aislamiento térmico, sistemas de calefacción eficientes y sustitución de ventanas. Mejorar la eficiencia energética no solo reduce el consumo y las emisiones, sino que también aumenta el confort y el valor de las viviendas. La Junta de Andalucía ha decidido ampliar el plazo para acceder a las ayudas del Plan Ecovivienda, una iniciativa que busca impulsar la rehabilitación energética de edificios residenciales. A través de este programa, los propietarios de viviendas pueden acceder a subvenciones que les permitan realizar mejoras que reduzcan el consumo energético y, al mismo tiempo, aumenten el confort y el valor de sus propiedades. ¿Por qué es importante la rehabilitación energética? La rehabilitación energética se ha vuelto esencial en el contexto actual. No solo ayuda a reducir significativamente el consumo de energía y las emisiones de CO2, sino que también ofrece un mayor confort dentro de los hogares. Estas mejoras se traducen en un ahorro económico a largo plazo, gracias a la disminución de la factura de la luz, y en una mayor valorización del inmueble en el mercado. Beneficios de solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda El Plan Ecovivienda ofrece una serie de ventajas significativas: Ahorro económico: Las subvenciones pueden cubrir una parte considerable del costo de las obras de rehabilitación, lo que hace más accesible la inversión inicial. Mejora de la eficiencia energética: Los edificios rehabilitados requieren menos energía para mantener una temperatura confortable, lo que se traduce en ahorros en las facturas energéticas. Mayor confort: Las viviendas con mejoras energéticas ofrecen un ambiente más estable y confortable durante todo el año. Valorización del inmueble: Las mejoras energéticas aumentan el valor de mercado del edificio. Contribución al medio ambiente: Al reducir el consumo energético, se contribuye directamente a la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo solicitar las ayudas del Plan Ecovivienda? Para acceder a estas ayudas, es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación adecuada. Dado que el proceso puede ser complejo, se recomienda contar con el apoyo de un técnico especializado que pueda guiar a los propietarios a través de cada paso, desde la recopilación de documentación hasta la justificación final de las ayudas. ¿Cómo puede ayudarte un administrador de fincas? Un administrador de fincas puede ser un aliado clave en este proceso, ya que su experiencia permite gestionar eficazmente la solicitud de las ayudas. Entre sus funciones están: Informar sobre los requisitos y plazos. Elaborar y presentar la documentación necesaria. Gestionar la contratación de empresas especializadas en rehabilitación energética. Supervisar las obras y justificar la recepción de las ayudas.

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT denuncia la ausencia de un plan de igualdad y un protocolo frente al acoso en la Justicia de Ourense. La falta de estos instrumentos afecta a 300 trabajadoras en diversas localidades de la provincia. La negociación para implementar estas medidas está estancada, según el sindicato. Subrayan que el plan de igualdad es esencial para asegurar la igualdad de género y facilitar la conciliación laboral y personal. El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT ha denunciado a la Xunta de Galicia ante la inspección de trabajo por la ausencia de un protocolo frente al acoso y la violencia sexual, así como la falta de un plan de igualdad en la Administración de Justicia de Ourense. Esta carencia afecta a unas 300 trabajadoras distribuidas en diversas localidades de la provincia, incluyendo Ourense, Bande, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, entre otras. Consecuencias de la falta de protocolos Según el sindicato, esta situación impide la detección y lucha contra el acoso sexual y otros tipos de violencia basados en el sexo, la orientación e identidad sexual. Además, critican que la negociación para la implementación de estas medidas lleva tiempo estancada, lo que agrava el problema. Importancia del plan de igualdad El sindicato destaca que el plan de igualdad es crucial para garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, supervisar el cumplimiento de las políticas de igualdad y establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Asimismo, recuerdan que la legislación exige que todas las empresas con 50 o más trabajadores implementen y apliquen un plan de igualdad, lo que hace aún más urgente la adopción de estas medidas en la justicia de Ourense.

El buen gobierno corporativo (BGC) enfatiza la transparencia y la información no financiera en las empresas. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el compliance tributario son fundamentales para la sostenibilidad y creación de valor a largo plazo. La norma UNE 19602 es un estándar clave para prevenir y gestionar riesgos tributarios en las organizaciones. La cooperación entre empresas y Administración Tributaria es esencial para una correcta práctica fiscal. El buen gobierno corporativo (BGC) se define como un conjunto de reglas, procedimientos y recomendaciones orientadas a mejorar la relación entre accionistas, órganos de gobierno, directivos y grupos de interés. Su principal objetivo es asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones, promoviendo la creación de valor y tomando en cuenta tanto el impacto social como un marco ético básico. Transparencia, gestión de riesgos y RSC En los últimos años, se han propuesto diversas mejoras al BGC que destacan la importancia de la transparencia, la información no financiera, la presencia de consejeros independientes y la gestión de riesgos. En este contexto, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) cobra relevancia, implicando un compromiso voluntario de las organizaciones en asuntos sociales y ambientales, y ampliando su foco más allá del cumplimiento normativo estricto. Compliance tributario: una pieza clave El compliance tributario se integra en el BGC y la RSC a través de la promoción de relaciones cooperativas con la Administración Tributaria. Esta cooperación es crucial, especialmente en grandes organizaciones que, por su tamaño y presencia internacional, requieren modelos de control específicos para evitar la ineficacia de los sistemas tradicionales de inspección. La Ley General Tributaria (LGT) recoge varios preceptos que promueven este cumplimiento cooperativo. La norma UNE 19602 como estándar de gestión La norma UNE 19602, elaborada por la Asociación Española de Normalización (UNE), es un estándar diseñado para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar riesgos tributarios. Esta norma proporciona pautas para la implementación de un sistema de cumplimiento que incluye mecanismos para la detección y corrección de riesgos, además de ofrecer un marco que puede ser certificado por entidades independientes como Aenor o Bureau Veritas. La certificación según la UNE 19602 no solo sirve como prueba de la diligencia debida ante la Administración y los Tribunales, sino que también puede influir en el ámbito sancionador, aportando valor a la organización y reforzando su seguridad jurídica.