- Los letrados del Parlament expresan reservas sobre el protocolo de acoso, señalando problemas de inseguridad jurídica y dudas en las garantías procedimentales.
- El informe jurídico desaconseja suspender la aplicación del protocolo, pero critica su régimen sancionador y la selección de expertos independientes.
- La revisión del protocolo, iniciada tras denuncias de acoso dentro del partido Junts, busca mejorar la respuesta legislativa y las medidas de protección.
Informe Jurídico Revela Algunos Errores
Tras las denuncias de acoso presentadas por las diputadas Cristina Casol y Aurora Madaula, los letrados del Parlament han emitido un informe que pone en duda la eficacia del actual protocolo de acoso de la institución. El análisis sugiere que, aunque no es conveniente suspender su aplicación, existen importantes inconvenientes en el régimen sancionador y cierta inseguridad jurídica.
Revisión del Protocolo en Marcha
La presidenta del Parlament, Anna Erra, impulsó la revisión del protocolo establecido en 2021, buscando solventar sus deficiencias. Sin embargo, los servicios jurídicos han advertido contra la suspensión de su aplicación durante este proceso, argumentando posibles contravenciones a la ley catalana del Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Críticas al Régimen Sancionador
El informe destaca que el régimen sancionador podría ser inconstitucional y sugiere incluir las sanciones en el reglamento de la Cámara, otorgándole rango de ley. Además, se señalan problemas en la designación «ad hoc» de expertos independientes y en las garantías procedimentales durante la fase inicial del procedimiento.
La Necesidad de Mejoras
El documento resalta la importancia de definir claramente el papel de la oficina de igualdad y de garantizar la cualificación técnica e independencia de los miembros de la comisión de abordaje. Este análisis busca promover una revisión exhaustiva que fortalezca las garantías procedimentales y la justicia del protocolo.
Fuente: La Vanguardia
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