- El paquete de ayudas asciende a 10.600 millones de euros, destinado a 78 municipios afectados por la DANA.
- Se cuadriplican las ayudas para la reparación y reconstrucción de viviendas hasta los 60.480 euros.
- Moratoria de 3 meses en el pago de hipotecas e intereses y de 9 meses adicionales para el capital.
- Exención del IBI en municipios afectados y refuerzo de equipos notariales para facilitar la tramitación.
El Gobierno de España ha aprobado, en su última reunión del Consejo de Ministros, un Real Decreto-ley que pone en marcha un plan de medidas urgentes para afrontar los daños causados por la DANA en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este paquete, con un presupuesto de 10.600 millones de euros, está dirigido a apoyar a los hogares, empresas y municipios afectados, abarcando un total de 78 localidades, aunque se prevé que este número pueda ampliarse según las necesidades futuras.
Incremento de ayudas directas para reparación de viviendas y enseres
Entre las principales medidas aprobadas, destacan las ayudas para la reparación y reconstrucción de viviendas, así como los daños en comunidades de propietarios. Las cuantías han sido notablemente incrementadas, cuadruplicando los límites anteriores establecidos en el Real Decreto 307/2005:
- Destrucción total de la vivienda habitual: 60.480 euros.
- Daños estructurales en la vivienda: 41.280 euros.
- Daños no estructurales: 20.640 euros.
- Daños en enseres de primera necesidad: 10.320 euros.
- Daños en elementos comunes de comunidades de vecinos: 36.896 euros.
Estas ayudas no tendrán en cuenta el umbral de renta en los casos de daños graves, y los afectados disponen de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto para presentar sus solicitudes. La gestión estará a cargo de las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias correspondientes.
Requisitos y tramitación
Para acceder a estas ayudas, será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles afectados mediante documentos como recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Además, si no hay cobertura de seguros, se podrá utilizar un informe pericial validado por el ayuntamiento para justificar los daños.
Adicionalmente, se permitirán anticipos sobre las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, facilitando la adquisición de nuevos enseres o la reparación de comercios.
Moratoria en el pago de hipotecas
Otra medida clave es la moratoria en el pago de hipotecas y créditos para las familias de las zonas afectadas. Esta suspensión se aplicará durante tres meses tanto al capital como a los intereses, y por nueve meses adicionales para el pago del capital, independientemente de si los préstamos tienen garantía hipotecaria. Según el presidente Pedro Sánchez, esto significa que, para una hipoteca media de 120.000 euros con una cuota mensual de 600 euros, no se pagará nada durante los primeros tres meses, y solo 300 euros durante los siguientes nueve meses.
Las solicitudes para acogerse a esta moratoria podrán presentarse en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
Línea de avales para la reparación de viviendas
El Gobierno ha establecido una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 5.000 millones de euros para cubrir los gastos de reparación de viviendas en las zonas afectadas por la DANA. Esta medida permitirá a las familias obtener créditos en condiciones favorables para reparar sus hogares, con la garantía del Estado. Se espera que estas facilidades estén disponibles para su solicitud a partir de la próxima semana.
Exenciones fiscales y refuerzo de los servicios notariales
El Real Decreto-ley también contempla exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales situados en los municipios afectados. Esta exención será aplicable cuando los residentes hayan tenido que ser realojados total o parcialmente debido a los daños, y su impacto fiscal será compensado por el Estado a los ayuntamientos.
Además, se reforzarán los equipos notariales y registradores para agilizar la certificación de propiedades, facilitando así los trámites para los afectados. La expedición de estos documentos será gratuita para la ciudadanía.
Imagen: Idealista
