Desde el 4/3/2024, empresas de más de 50 empleados deben implantar obligatoriamente el protocolo de acoso LGTBI

El papel del diálogo social en la protección del colectivo LGTBI+

En este artículo hablamos sobre:

  • El 50% de las personas LGTBI en España no se siente aceptado en su entorno laboral; en el caso de las personas trans, esta cifra asciende al 70%.
  • La aprobación del Real Decreto 1026/2024 impulsa medidas obligatorias para que las empresas aseguren entornos laborales inclusivos y protejan a los trabajadores LGTBI.
  • La negociación colectiva y el diálogo social son clave para implementar políticas efectivas que combatan la discriminación y promuevan la diversidad.

Un panorama de discriminación que persiste en el ámbito laboral

A pesar de los avances legislativos, los datos revelan que muchas personas del colectivo LGTBI aún enfrentan situaciones de discriminación en sus centros de trabajo. Un reciente estudio indica que el 83% de las personas LGTBI ha sido rechazada en procesos de selección debido a su identidad de género, y en un 15% de los casos, esta discriminación es abiertamente reconocida por los empleadores.

Ante esta realidad, el legislador ha promovido leyes como la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Empleo 3/2023 para proteger a los colectivos vulnerables y garantizar la igualdad de oportunidades.

El Real Decreto 1026/2024 y su impacto en las empresas

El Real Decreto 1026/2024, aprobado el pasado 8 de octubre, ha sido un paso decisivo para fomentar entornos laborales seguros e inclusivos. Este reglamento, fruto de un diálogo social con el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales, establece una serie de medidas obligatorias para las empresas con más de 50 trabajadores.

Entre estas medidas destacan:

  • Protocolos específicos contra el acoso y la violencia dirigidos al colectivo LGTBI.
  • Planes de igualdad que promuevan la diversidad en las plantillas y aseguren la protección y bienestar de todos los empleados.
  • La obligación de que las comisiones negociadoras de convenios sectoriales abran mesas de negociación en un plazo de tres meses para implementar estas políticas de forma efectiva.

El papel de la negociación colectiva y el diálogo social

El diálogo social se ha consolidado como una herramienta esencial para la transformación del mercado laboral, asegurando que las políticas de inclusión no solo se diseñen desde un enfoque normativo, sino que cuenten con la participación activa de trabajadores y empresas.

La negociación colectiva sectorial permite adaptar las medidas a las características específicas de cada sector y territorio, garantizando que las políticas sean efectivas y sostenibles. En casos donde no exista representación sindical, las empresas deben coordinarse con los sindicatos más representativos para implementar estas políticas en un plazo de seis meses.

Inclusión como pilar del bienestar y la productividad

La nueva normativa pone un énfasis especial en la salud mental y el bienestar de las personas trabajadoras, reconociendo que la discriminación y la falta de inclusión pueden causar estrés y problemas de salud, impactando negativamente en la calidad de vida y el rendimiento laboral.

Las empresas que apuesten por la diversidad y la inclusión no solo mejoran el clima laboral, sino que también fortalecen su competitividad y productividad. Promover la diversidad se convierte en un valor añadido que beneficia tanto al tejido empresarial como a la sociedad en su conjunto, creando espacios de trabajo más respetuosos y equitativos.

Implementación de protocolos para prevenir el acoso

El Real Decreto establece la obligatoriedad de contar con protocolos contra el acoso, que incluyan:

  • Medidas de protección y seguimiento para garantizar que las denuncias se gestionen con confidencialidad y rigor.
  • Herramientas para transformar los centros de trabajo en espacios seguros donde se respete y valore la diversidad.
  • Un protocolo básico aplicable en ausencia de acuerdo con los representantes de los trabajadores, asegurando una cobertura mínima para proteger al colectivo LGTBI.

Un compromiso compartido para un entorno laboral más inclusivo

La aprobación del Real Decreto 1026/2024 refleja el compromiso del gobierno y de los agentes sociales para transformar el entorno laboral en un espacio más inclusivo y respetuoso. A través de un esfuerzo conjunto, se busca garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones.

El diálogo social y la negociación colectiva continúan siendo esenciales para avanzar hacia un mercado laboral donde la diversidad se perciba como un activo estratégico, aumentando la cohesión social y mejorando la productividad empresarial.

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