- Desde el 22 de agosto de 2024, las empresas que deseen participar en licitaciones públicas deben tener su Plan de Igualdad inscrito en el Registro Laboral correspondiente (REGCON).
- Esta medida es una de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres.
- La inscripción en el REGCON es obligatoria para todas las empresas con 50 o más trabajadores que quieran participar en contrataciones públicas.
- Esta normativa refuerza el compromiso con la igualdad de género en el ámbito laboral y en los procesos de contratación pública.
El pasado 2 de agosto se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, que establece medidas para asegurar una representación paritaria y una presencia equilibrada de hombres y mujeres en diversos ámbitos. Una de las modificaciones clave introducidas por esta norma afecta directamente a los procesos de contratación pública, particularmente en relación con los planes de igualdad de las empresas.
Nueva exigencia para la contratación pública
Hasta la entrada en vigor de esta ley, las empresas con 50 o más trabajadores estaban obligadas a contar con un Plan de Igualdad para poder participar en licitaciones públicas. Sin embargo, con la nueva normativa, se añade un requisito adicional: los planes de igualdad deben estar inscritos en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON), según el ámbito territorial que corresponda.
Este requisito se ha vuelto obligatorio a partir del 22 de agosto de 2024. Esto significa que, para poder concursar en procesos de contratación pública, no solo es necesario que las empresas tengan un Plan de Igualdad, sino que también deben haberlo registrado formalmente en el REGCON.
Implicaciones para las empresas
La inscripción del Plan de Igualdad en el REGCON garantiza que las empresas cumplan con las normativas de igualdad de género, fortaleciendo su compromiso en este ámbito y asegurando que estén en condiciones de participar en contratos públicos. Esta medida refuerza el marco legal que promueve la equidad de género en el entorno laboral, asegurando que las políticas de igualdad sean un criterio clave en la selección de contratistas por parte del sector público.
Este cambio subraya la importancia de la igualdad de género en las políticas laborales y en los procesos de contratación, y obliga a las empresas a estar al día con sus obligaciones legales si desean seguir participando en el mercado de contratación pública.
