- El Gobierno aprueba un decreto que obliga a empresas con más de 50 trabajadores a implementar medidas para garantizar la igualdad y un protocolo específico contra el acoso a personas LGTBI.
- El protocolo incluirá prácticas preventivas, mecanismos de detección y procedimientos de actuación frente a casos de acoso y violencia.
- Las empresas tendrán un plazo de hasta tres o seis meses, según su situación, para negociar e implementar estas medidas.
- La Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento de las nuevas normativas en las compañías.
Un acuerdo pionero contra la discriminación LGTBI
El Gobierno ha aprobado un real decreto que obliga a las empresas con más de 50 empleados a implantar medidas específicas para la igualdad y protección de las personas LGTBI. Esta normativa, que sigue los lineamientos de la Ley Trans, tiene como objetivo combatir la discriminación laboral y garantizar la igualdad real en el ámbito profesional. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia, que deberá ser implementado por todas las compañías afectadas.
Medidas antidiscriminación y protocolo antiacoso
El protocolo contra el acoso y la violencia será obligatorio y deberá identificar prácticas preventivas, así como mecanismos de detección y actuación frente a situaciones de acoso. Este procedimiento se aplicará tanto a los empleados como a cualquier persona relacionada con la empresa, incluidos solicitantes de empleo, personal de empresas de trabajo temporal, proveedores, clientes y visitas.
Algunos de los mínimos acordados incluyen la creación de un procedimiento para presentar denuncias, el establecimiento de plazos máximos para la resolución de las quejas, la confidencialidad de todas las personas involucradas y la protección de la víctima ante posibles represalias, considerando tanto los efectos físicos como psicológicos del acoso.
Además, se deberán aplicar medidas cautelares para separar a la víctima de la persona acosadora durante el proceso de investigación. La comisión encargada del protocolo deberá emitir un informe vinculante para sancionar o archivar la denuncia en un tiempo acordado.
Otras medidas para la igualdad LGTBI
El reglamento aprobado también contempla otras medidas para promover la igualdad de las personas LGTBI en las empresas. Entre ellas se destaca la formación para el personal encargado de los procesos de selección de empleados, con el fin de asegurar que se realicen de manera no discriminatoria.
Asimismo, se garantizará que los permisos y beneficios sociales respeten la diversidad de las familias, incluyendo a las parejas de hecho LGTBI. En particular, se prestará atención a las personas trans en lo que respecta a permisos por consultas médicas y trámites legales.
Por otro lado, los regímenes disciplinarios de las empresas deberán incluir infracciones y sanciones específicas para conductas que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de los trabajadores.
Plazos para la negociación e implementación
Las empresas tendrán un plazo para negociar la aplicación de estas medidas. Aquellas que cuenten con convenios colectivos o representación legal de los trabajadores dispondrán de tres meses para constituir la mesa negociadora. Las que no cuenten con representación tendrán seis meses para hacerlo. Una vez iniciada la negociación, habrá un plazo adicional de tres meses para aplicar, al menos, el contenido mínimo del reglamento.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha subrayado que España se coloca a la vanguardia mundial en la defensa de los derechos LGTBI en el ámbito laboral. Además, la Inspección de Trabajo será la encargada de supervisar que las empresas cumplan con las nuevas normativas y que las medidas adoptadas sean adecuadas a los requisitos legales.
